Que la sanidad española está siendo la principal diana contra los recortes es más que patente, sin embargo algunas de las medidas que se van a tomar para "sanearla" van más allá de la moralidad y de la ética que nuestros dirigentes están demostrando no tener.
Ayer el Secretariado de Migración de la Diócesis de Alicante-Orihuela,
Asti-Alicante, consideró "injusto" e "inmoral" retirar la
atención sanitaria a los ciudadanos inmigrantes que no tienen
regularizada su situación administrativa en España.
No puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. En este tipo de situaciones siempre es el más vulnerable a quien se le recorta sus derechos. No se puede dejar de garantizar el derecho humano a la salud, como recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este derecho no puede estar sujetos a discriminaciones a pesar de tener que ajustarse a unos recortes existentes.
Se trata de una medida injusta porque se vulnera el derecho universal a la sanidad e inmoral
porque supone excluir de ese derecho a personas especialmente
vulnerables, a las que la crisis económica más está afectando. Si el Estado y las Comunidades Autónomas hubiesen hechos sus deberes muchas de estas medidas abusivas podrían haberse evitado, pero como siempre son los que menos tienen los que más pagan.
Si ya en educación el ministro Wert pretende hacer diferenciación entre "ricos" y "pobres" la sanidad no va a ser menos. Es una inmoral perversión que puede condenar a la muerte por desatención a multitud de ciudadanos.
Isabel M. Gaspar Calero
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