El debate está servido en la sociedad española desde que Izquierda Unida presentase una moción para que la Iglesia Católica abone el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Y no es para menos. El sector eclesiástico es el segundo propietario de España después del Gobierno y no paga este impuesto por ninguna de sus propiedades, al contrario que todos los españoles que religiosamente tienen que desembolsarlo.
Los bienes inmuebles que posee la Iglesia no se han podido cotejar hasta ahora, ya que la conferencia episcopal se niega a dar este dato. Sin embargo según diversos análisis el Estado ingresaría alrededor de 3.000 millones de euros anuales, una cifra que en tiempos de crisis no es nada despreciable y principalmente en un Estado que se declara laico.
Dentro las propiedades "santas" no solo se encuentran las catedrales, iglesias o monasterios, sino residencias, colegios mayores, conventos, solares, pisos... entres otros, propiedades de las que se obtienen unos suculentos ingresos. Rouco Valera, presidente de la Conferencia Episcopal, ha admitido que si la Iglesia paga el IBI algunas de sus obras sociales se verán afectadas como es el caso de Cáritas, sin embargo ésta solo recibe un 2% de ingresos por parte de la Iglesia.
En España, el debate del IBI es especialmente importante porque la
Iglesia católica lleva años poniendo a su nombre toda finca o edificio
que carezca de propietario oficial. Son las inmatriculaciones, que están
engordando el extenso patrimonio episcopal.
¿Por qué no se cambian las condiciones del acuerdo con la Santa Sede que datan de 1979? Pues por la simple razón de que la Iglesia sigue siendo un poder muy fuerte en nuestro país, y de momento nuestros dos partidos políticos mayoritarios no se atreven a meterse con "Dios". Ya Felipe González, que contaba con mayoría absoluta, podría haber iniciado el camino para una nueva sociedad española, pero ni PSOE ni PP parecen tener el valor suficiente.
Bien es cierto que la Iglesia Católica no es la única que disfruta de este privilegio, asociaciones deportivas, sindicatos, partidos políticos, edificios singulares como el Hotel Palace y el Palacio de Liria (propiedad de la Casa de Alba) tampoco pagan el IBI. Ante este panorama me parece una vengüenza que los españoles, que son los que están sufriendo las consecuencias de la crisis, estén obligados a abonar este impuesto mientras que aquellos que más pueden aportar a las arcas públicas se lavan las manos.
Sin excepción alguna debería haber una reforma que acabase con este privilegios para todos aquellos que lo ostentan, sin distinción. Ya está bien de que los españoles sean los únicos que pagan las consecuencias de lo que otros han originado.
Isabel M. Gaspar Calero
